25-05-2026
Por Clara Martínez Verdún
Periodista, Politóloga y Docente
La narcopolítica se está acrecentando en el país por la falta de control eficiente de los organismos del Estado y la corrupción que se ha instalado con fuerza en las diferentes instituciones públicas.
Se establecieron nuevas leyes para frenar el avance del narcotráfico, como la ley de financiamiento político, que en la práctica no sirve mucho para controlar de manera exhaustiva la procedencia del dinero que se utiliza para financiar las campañas políticas.
Ni los partidos políticos, ni el Tribunal Superior de Justicia Electoral tienen la capacidad para verificar el origen de los recursos económicos destinados para financiar una campaña proselitista. Entonces, es complicado el cumplimiento de la normativa. Además, el control se hace solamente en base a lo declarado por los candidatos o las nucleaciones políticas.
El drama es grande y peligroso, porque la narcopolítica pone en riesgo a nuestra frágil democracia, lo que repercute en la gestión pública, y por ende en la calidad de vida de los habitantes del país.
La narcopolítica responde a sectores turbios, que acumula poder y fortuna para seguir operando impunemente.
La captura de los partidos políticos y de las instituciones públicas por el narcotráfico es una situación preocupante, y las autoridades políticas deberían establecer una lucha frontal y sistemática contra este mal, que daña gravemente la democracia y el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Algunos expertos han tratado de vincular al narcotráfico con la corrupción, lo que si sabemos a ciencia cierta es que ambos males deterioran las instituciones del Estado, causando serios problemas en la institucionalidad.
Si la narcopolítica sigue avanzando, no solamente se debilitará la figura del Estado, las instituciones que la componen y la democracia, sino también aumentará la desigualdad, la inseguridad y los ilícitos; porque el Estado perderá su capacidad de control