Micaela Arca Junio 21, 2023

La familia Osman, dedicada al comercio en Ciudad del Este desde hace unos 50 años, denunció ante la justicia haber sido víctima del despojo ilegal de sus acciones de las empresas Issos SA, Issos Greenfield International y Somax Agro, así como del desalojo de 12.000 hectáreas. Wisan Osman, sostuvo que recurrieron al Estado buscando justicia, sin resultado alguno. El abogado de la familia, Daniel Alarcón, criticó la inacción del Ministerio Público que permite que procesados en Brasil se apropien de los bienes de quienes proveen fuentes de empleo y trabajan honestamente.

El ocultamiento de los informes de la Seprelad y de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, más de 50 pericias documentológicas, informáticas y contables y la inacción del Ministerio Público han sido la constante en el caso que afecta a la familia Osman de Ciudad del Este que ha denunciado ser víctima de estafa por parte de empresarios panameños y colombianos con procesos en el Brasil.

Han pasado casi 3 años desde que los Osman, fundadores de las empresas Empresas Issos SA, Issos Greenfield International y Somax Agro, denunció ante la justicia, el despojo ilegal de sus acciones y el desalojo de su estancia de 12.000 hectáreas valuadas en unos USD 85 millones, y sobre las cuales, el abogado de la familia, Daniel Alarcón, dijo contar con información de que los denunciados tienen la intención de vender el inmueble e irse al Brasil donde están inaugurando otras empresas de porte similar.

Alarcón relató sobre el caso, que se produjo una imputación a los 6 meses por estafa y lesión de confianza y que durante dos años, no se realizó ningún acto de investigación. Criticó que la Fiscalía General del Estado tuvo en su poder una carpeta de fiscal durante dos meses y medio sin realizar ningún acto de investigación y agregó que hay un proceso en el que se han urgido 50 veces pericias documentológicas, contables e informáticas. “Se ha ocultado el informe de la Seprelad, se ha ocultado el informe de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, se ha generado impunidad”, sentenció Alarcón.

Los imputados fueron Imad Issa, Ziad Issa, Towfik Issa, Anuar Issa, Farid Issa, Nadin Issa,Samir Issa, Mahmoud Hussein, Fabio Bedin y Jose Mario Matheus.

Tras la imputación, la fiscala Nilsa Torales solicitó una prórroga para investigar, lo cual Apelaciones le otorgó en junio del 2022, pero la defensa presentó apelación general y el caso fue a la Sala Penal de la Corte.

Dos meses después, los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia sobreseyeron a los imputados, anulando la prórroga y declarando extinta la causa.

En febrero de este año, los denunciantes presentaron una acción de inconstitucionalidad alegando que es “inconstitucional que la Sala Penal haya dispuesto la extinción, cuando no era su competencia”, advirtió Alarcón.

“Se ha permitido que empresarios panameños y colombianos, personas que tienen procesos en el Brasil, se hayan apropiado de un patrimonio de una familia que hace más de 50 años genera empleos, bienes y servicios en nuestro país. Cuál es la esperanza o garantía de los ciudadanos paraguayos de que sus derechos van a ser plenamente resguardados por el ministerio público con este tipo de gente”, concluyó Alarcón.

Alarcón enfatizó además que la familia Osman “es víctima de unos delincuentes que se apropiaron de sus empresas y víctima de una Fiscalía General de Estado y de una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que han contribuido y gerenciado todos los diseños para que sus patrimonios vayan a manos ajenas. Si eso no es inseguridad jurídica definitivamente no se cómo definirlo de otro modo”.

La familia Osman 

Wisam Osman, hijo de Jamal Osman, cuyo patrimonio no han podido recuperar hasta el momento, advirtió que su caso podría quedar impune y que dejaría un lamentable precedente de inseguridad jurídica en nuestro país. 

Según explicó el denunciante, la familia fue víctima de estafa por parte de algunos empresarios que propusieron la separación, realizaron maniobras dolosas, produjeron documentos no auténticos y simularon deudas que no existían. 

“Nos sentimos estafados porque con manejos oscuros hemos sido despojados de nuestro patrimonio. Hemos recurrido al Estado buscando la justicia sin ningún resultado”, sostuvo Wisam Osman quien agregó que su padre, de 70 años, inició sus actividades en Foz de Yguazú  en el negocio de tejidos y alimentos y que posteriormente, en los años 80, se trasladó a Ciudad del Este, donde construyó el grupo empresarial.

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