El Estado paraguayo deberá abonar más de G. 800 millones a la docente Clementina, quien fue procesada y luego absuelta en la causa por el fallecimiento de su bebé. Así lo dispuso un fallo judicial que reconoció el daño sufrido por la mujer tras permanecer casi tres años privada de libertad.
La abogada Olga Recalde, defensora de Clementina, señaló que la resolución representa una reivindicación para su clienta, que enfrentó una detención ilegítima, el señalamiento público y consecuencias graves en su entorno familiar.
Clementina, oriunda de la compañía Pacheco de Carapeguá, era madre soltera y principal sostén de su hogar. Recalde explicó que dio a luz por cesárea en IPS Central tras completar todos sus controles y que, luego de la muerte del recién nacido, la familia decidió sepultarlo en el patio de la casa, práctica común en algunas zonas del interior. Ese hecho generó sospechas y derivó en el proceso penal.
“La reivindicación de su nombre es lo más importante, porque sufrió el escarnio público y fue juzgada por toda la sociedad”, expresó la abogada. Recordó además que los hijos de Clementina quedaron sin protección mientras ella estaba recluida. “Ella era la única que aportaba en el hogar”, agregó.
Consultada sobre posibles responsabilidades de fiscales y jueces intervinientes, Recalde indicó que corresponde al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados evaluar esas actuaciones, ya que la demanda se planteó contra el Estado. “El Estado tiene sus formas de repetir contra sus funcionarios”, afirmó.
Sobre el monto establecido, aclaró que una parte corresponde al lucro cesante por los salarios que la docente dejó de percibir durante su encierro, mientras que el resto contempla el daño moral por el sufrimiento padecido. “No existe una regla matemática para calcular el daño moral. No se puede tasar como una casa o un vehículo”, puntualizó.
La abogada concluyó que, si bien ninguna suma podrá devolver el tiempo perdido ni borrar el dolor vivido por Clementina y su familia, la compensación económica constituye un reconocimiento judicial a la injusticia que atravesó durante todo el proceso.